Resumen Ejecutivo Informe "Desenterrar la verdad"

DESENTERRAR LA VERDAD EN LOS LLANOS ORIENTALES. DESAPARICIONES FORZADAS, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y OTRAS GRAVES VIOLACIONES A LOS DDHH
Ago 02 de 2019

Trasnmisión de la entrega del informe, Fundación Gilberto Alzate Avendaño 

1 de agosoto 2019

Dercargar versión en PDF

Resumen Ejecutivo:

El Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, con el apoyo de organizaciones como CINEP, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial - EQUITAS, la Fundación DHOC y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, y con el impulso de la incansable fuerza moral y resistencia de las víctimas, nos dimos a la tarea de tejer y escribir a varias manos las historias de cientos de víctimas de violaciones de derechos humanos, ocurridas en los Departamentos de Meta y Guaviare, entre los años 2001 a 2011. Fruto de ese trabajo, presentamos el informe “Desenterrar la Verdad en los Llanos Orientales. Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y otras graves violaciones a los DDHH”.


El informe se elaboró con la participación activa de las víctimas para ser entregado al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR), entendiendo que este momento es una oportunidad para la exigibilidad de sus derechos. Especialmente para las víctimas de agentes de Estado, pues la mayoría de sus casos han permanecido durante décadas en la impunidad. Por tanto, uno de los objetivos principales de este informe es aportar elementos al SIVJRNR para el análisis sobre lo ocurrido en los Llanos Orientales y, así mismo, que la Jurisdicción Especial para la Paz determine la pertinencia de la apertura de un caso correspondiente a esta situación regional.

El informe además tiene objetivos específicos respecto a los tres mecanismos del SIVJRNR. En primer lugar, aportar información a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, sobre las consecuencias de la política de seguridad democrática y la crisis humanitaria en la región de los Llanos Orientales en la primera década del 2000, período en el que ocurrieron graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, entre ellas, presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y la existencia de cementerios utilizados para ocultar los cuerpos sin vida de las víctimas de la guerra, generando terror entre la población campesina del territorio.

Precisamente dado que en cinco cementerios de los Llanos Orientales (La Macarena, Villavicencio, Granada, Vistahermosa y San José del Guaviare) se encontraron 2.304 cuerpos de personas no identificadas, de las cuales 1.674 fueron reportadas como muertas en combate. Entre las personas no identificadas se presume que muchas no murieron en combates, sino que pudieron ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas. Además, el informe llama la atención sobre la similitud en la que podrían encontrarse otros 421 cementerios municipales del resto del país, en los que un diagnóstico implementado por el Ministerio del Interior había determinado, para finales de 2017, que existían 26.395 cuerpos sin identificar a nivel nacional.

En segundo lugar, el informe se entregará a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con información específica sobre 64 casos y 78 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas presuntamente por miembros de la Fuerza Pública que operaban en los Llanos Orientales. En algunos casos, además de la presunta ejecución extrajudicial, se ha logrado evidenciar prácticas crueles como el ocultamiento de las víctimas, enterrándolas como personas no identificadas en cementerios municipales, lo que podría constituirse, dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en posibles desapariciones forzadas.

Las unidades militares presuntamente responsables de estas prácticas, con jurisdicción en los departamentos de Meta y Guaviare son: los Batallones de Infantería No. 21

“Batalla Pantano de Vargas” y No. 19 “General José Joaquín París Ricaurte”, los cuales estaban adscritos a la Séptima Brigada de la Cuarta División del Ejército Nacional.

Los Batallones de Contraguerrillas No 83, 84, 85 y 86 de la Brigada Móvil No 12, también adscrita a la Cuarta División para la época de los hechos. Y la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) con sus Brigadas Móviles No 1, 2, 3 y 10, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO). Esta última creada en el año 2003 en el marco de la Política de Seguridad Democrática, impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que contaba con componentes aéreos, terrestres y fluviales bajo las órdenes directas del Comandante General de las Fuerzas Militares.

De igual manera, esta información pretende contribuir en el Caso 003 de la JEP, en el cual algunas de las organizaciones que suscribimos el presente informe tenemos la representación legal de varias víctimas. El universo de casos que se presentará es de sesenta y cuatro (64), de los cuales en veinte (20) casos los Juzgados y Tribunales Administrativos han proferido sentencias contra la Nación por considerar que las víctimas no eran combatientes. Asimismo, en cuatro casos, se condenó en la jurisdicción penal a militares pertenecientes a las tropas que reportaron a las víctimas como personas dadas de baja. Los cuarenta y cuatro (44) casos restantes están en etapa de investigación o indagación preliminar y frente a ellos se solicitará a la Jurisdicción Especial para la Paz que determine las circunstancias de tiempo, modo y lugar y los presuntos responsables de los hechos entregados en el informe.

Lo anterior, en el entendido que la información judicial y los testimonios de los familiares y conocidos de las víctimas han reflejado que pudieron existir patrones asociados a vulneraciones de DDHH y el DIH, como haber sido sepultados como Personas No Identificadas (comúnmente denominados como NN), a pesar de que en varios casos se encontraron en los cuerpos sus documentos de identificación; o por las irregularidades con respecto a las prendas de vestir, algunas que no correspondían a las tallas o género de las víctimas, haberlas incinerado por motivos de “salubridad”, ser de uso privativo de las Fuerzas Militares, o presentar inconsistencias entre las heridas marcadas en su ropa y en el cuerpo. De igual manera, en estos casos se han encontrado inconsistencias entre las declaraciones de algunos soldados con la información reflejada en los documentos militares, así como irregularidades asociadas al levantamiento de los cadáveres, como haberlos realizado en lugares diferentes a los presuntos combates, o por los mismos Batallones.

Recientemente se ha conocido además, que 83 miembros de la fuerza pública que operaban en el departamento del Meta se han acogido a la JEP, y que en los últimos días de julio de 2019 iniciaron las versiones voluntarias de algunos de estos comparecientes, pertenecientes a las unidades militares relacionadas en este informe,

condición que eleva la pertinencia del informe para contribuir en el esclarecimiento y profundización de las actuaciones de las citadas unidades militares.

En tercer lugar, y como exigencia de esclarecimiento, reparación y garantía de no repetición sobre los hechos denunciados, el informe se entregará a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (UBPD) con información de setecientos treinta y siete (737) casos de personas dadas por desaparecidas en esta región.

De estos casos, cuatrocientos cuarenta y siete (447) están relacionados con la situación de los cementerios mencionados, en los que la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (GRUBE), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML&CF) y la Unidad de Atención y Reparación a Victimas (UARIV), han venido adelantando acciones de intervención para la identificación y entrega digna de cuerpos. Sin embargo, por el elevado número de casos y los recursos limitados técnicos y humanos de las entidades, se ha tenido un ritmo más lento del esperado por las víctimas.

De estos casos, cuatrocientos cuarenta y siete (447) están relacionados con la situación de los cementerios mencionados, en los que la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (GRUBE), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML&CF) y la Unidad de Atención y Reparación a Victimas (UARIV), han venido adelantando acciones de intervención para la identificación y entrega digna de cuerpos. Sin embargo, por el elevado número de casos y los recursos limitados técnicos y humanos de las entidades, se ha tenido un ritmo más lento del esperado por las víctimas.

Varios informes son coincidentes en concluir que la participación de Estados Unidos en la guerra colombiana dio un salto cualitativo con la sanción del Plan Colombia en el año 2000. El paquete bianual de $1.200 millones de dólares fue en un 81% para asistencia militar y policial, y estaba centrado inicialmente en los objetivos antinarcóticos.

La reorganización militar gracias a la cooperación internacional de Estados Unidos, impulsó la conformación de Comandos Conjuntos y Fuerzas de Tareas en la línea de “modernización de la guerra”. Transformaciones estratégicas de las fuerzas militares que buscaron su mayor flexibilidad, movilidad y operatividad, enfocadas en la integración de capacidades aéreas, navales y terrestres. La primera de ellas fue creada en diciembre de 1999 por el Presidente Andrés Pastrana Arango, la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), comandada por el Brigadier General Carlos Alberto Fracica (1999-2001).

Plan Patriota

El Plan Patriota, concebido en el marco del Plan de Desarrollo hacia un Estado Comunitario (2002-2006) y de la Política de Seguridad y Defensa de 2003, se constituyó, en su primera etapa, en guía de las acciones a emprender en aras de consolidar la seguridad democrática. La segunda etapa, de 2006 a 2010, se centró, según el discurso institucional, en la consolidación territorial, la apertura de mercados, el desarrollo integral social, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

Esta etapa incorporó una tecnificación en el control social y territorial a través del monopolio de la toma decisiones por parte de las Fuerzas Militares sobre políticas públicas regionales. Para la ejecución de esta segunda fase del Plan Patriota, se creó la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en 2003 –FUTCO–, encargada de consolidar el territorio comprendido por los departamentos de Meta y Guaviare. Inicialmente, este comando conjunto se conformó por la FUDRA y sus cinco brigadas móviles, pero posteriormente se le adscribieron otras unidades.

Con el objetivo principal de confrontar a la guerrilla de las FARC-EP, redefinido como grupo narcoterrorista por parte del lenguaje institucional, se puso en marcha una maquinaria de guerra que no distinguía entre objetivos válidos y no válidos dentro de las reglas de la guerra. La población de las tres zonas delimitadas por la FUTCO era de 118.221 personas en las cabeceras municipales y de 144.742 en la zona rural, para un total de 262.963 habitantes en 2009. La información registrada en las fuentes oficiales indica que la FUTCO llegó a tener 20.215 hombres, es decir, aproximadamente un militar por cada 13 habitantes del territorio, y en las zonas rurales la relación era de un militar por cada 7 habitantes.

Plan de Consolidación Integral de la Macarena – PCIM

Si el Plan Patriota fue la expresión de la unificación, simplificación, tecnificación y eficacia en la toma de decisiones militares para un accionar conjunto y oportuno desde el punto de vista estratégico, con la FUTCO; el Plan de Consolidación Integral de la Macarena fue la centralización de la toma de decisiones bajo el imperio de la lógica de defensa y seguridad, subordinando los intereses civiles a las estrategias de control territorial de acuerdo a la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, puesta en marcha por el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez en agosto de 2006, caracterizada por la dirección del denominado Centro de Coordinación de Acción Integral.

El Plan de Consolidación Integral de La Macarena, según el discurso oficial, fue una acción coordinada de seguridad territorial, protección ciudadana, desarrollo económico y social que buscaba establecer las condiciones de seguridad, imperio de la ley y provisión de los bienes públicos y servicios sociales, que hiciera posible el desarrollo de la región. Este objetivo de consolidación territorial, constituyó el desarrollo de uno de los elementos fundamentales de la Política de Seguridad Democrática, que buscaba la presencia institucional de los diferentes organismos del Estado, principalmente el militar, en todo el territorio nacional.

Este programa fue implementado como proyecto piloto a seis municipios del departamento del Meta: Uribe, La Macarena, Puerto Rico, Vista Hermosa, Mesetas y San Juan de Arama. Los cuatro primeros municipios hacían parte del área operativa de la FUTCO, y los cinco primeros hicieron parte de la zona de distensión. La implementación de las políticas militares para alcanzar la seguridad territorial, destinando los esfuerzos y recursos estatales de manera indistinta entre seguridad y desarrollo social, fueron la base para la puesta en marcha de la política de recuperación social del territorio.

Esta lógica de inversión estatal bajo criterios de seguridad, marcados por los comandantes militares de la región o el comandante de la FUTCO, fueron lo más parecido a una dictadura subregional. No se buscaba satisfacer las necesidades de la población civil en infraestructura vial, sanitaria, escolar, etc., sino premiar a quienes se sometían a los mandatos militares, y castigar aquellos territorios considerados “rebeldes”.

No siendo neutral el cumplimiento de las obligaciones estatales, estos se enmarcaban en la identidad y subordinación política a las posturas institucionales. Un modelo autoritario que no solo tuvo consecuencias en términos de discriminación en la inversión administrativa, sino en costos de vidas humanas y toda una tragedia humanitaria que todavía deja huellas en la población de la región.

Consecuencias Humanitarias

Violaciones de Derechos Humanos

No sería la falta de conocimiento o de información sobre el contexto territorial lo que pudiera explicar el diseño y puesta en marcha de políticas de control social de corte autoritario. Su concepción básica desconocía a la población y sus formas organizativas, al definir el territorio como violento y hostil.

Desde el inicio, la política de tierra arrasada aplicada sería violatoria de los derechos humanos y el DIH, en la configuración de sus elementos ideológicos, en su planeación estratégica, así como en su ejecución operativa. Esa forma de definir a la población civil como parte del enemigo, como “aliados de la guerrilla”, entrañaba sus raíces en las prácticas de la filosofía que inspiró, entre otros documentos, el Manual de Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas de 1979.

En el informe se exponen patrones de vulneración a los que fueron sometidas las comunidades de los Llanos Orientales, en el periodo de tiempo comprendido entre 2001 a 2011, en donde la larga historia de victorias militares y recuperación territorial de la narrativa oficial, tuvieron un correlato de muerte y destrucción para la población de la región.

La historia permanente de excepcionalidad constitucional, formalmente declarada y materialmente ejecutada por los agentes del Estado, en la que vivieron estas comunidades, dejaron un cúmulo de denuncias sin respuesta ni justicia después del pasar de los años.

Más allá de las cifras de victimización

Las acciones de cerramiento y copamiento del territorio rompieron las dinámicas sociales, comunitarias y privadas de la población civil. La intervención militar se insertó en la vida de las comunidades campesinas, ya que no sólo el territorio estaba cerrado, restringido, clausurado o limitado, sino que se hizo inhabitable. El objetivo de la Fuerza Pública parecía ser el de desocupar la región, por los amplios hechos en contra de la población campesina, que en medio de la soledad de sus fincas era víctima de atropellos y vejámenes:

“A mi casa entró el ejército sin identificación ni distintivos, preguntaban por los nombres de los del comité de derechos humanos, hicieron un croquis de casa y de otras. Tengo miedo, un teniente Franco pregunta por mí, hicieron campamento cerca de la escuela. A mi hijo lo cogieron en Caño Rojo, lo torturaron con toallas empapadas en agua con sal sobre la cara; al otro hijo lo colgaron esposado de una puerta en La Macarena, a mi marido lo cogieron en el puerto y lo llevaron a la base militar y lo fotografiaron: Tengo miedo por mi familia, porque soy la presidenta del comité de derechos humanos”. (Delegación Asturiana, 2009) La violencia sexual también fue un arma de persecución, humillación y terror en contra de hombres, mujeres y menores de edad:

“Mi hijo de 14 años venía para Palmar Bajo y se encontró con la tropa el 2 de febrero del 2007 en caño Gorgona, los soldados lo bajaron del caballo encañonado, le preguntaban por el nombre de los milicianos, lo golpearon a patadas, amagaron con degollarlo a machete, lo indocumentaron, lo desnudaron, lo dejaron ir y lo persiguieron, lo metieron al monte y lo violaron, yo fui a reclamar y me amenazaron; otro día lo volvieron a capturar y lo obligaron a patrullar poniéndolo delante de la marcha, diciéndole que si la guerrilla aparecía el primer muerto sería él; como les habló de derechos humanos lo golpearon y lo amenazaron con una puñaleta:. Mi hijo necesita ayuda sicológica.” (Delegación Asturiana, 2009)

Por lo que salir corriendo y desocupar la zona se convirtió en la única opción para salvar la vida. El territorio se volvió inhabitable, así que dejarlo todo y volver a empezar en otro lugar fue la opción para miles de familias.

Las Ejecuciones Extrajudiciales

De igual forma se registraron en los años de implementación de los planes de control territorial, el asesinato de personas reportadas como guerrilleros dados de baja en combate, que en muchos casos eran civiles, habitantes de la región. El incremento de ejecuciones extrajudiciales, o llamados “Falsos Positivos” en la zona, encuentran una relación, por lo menos coincidente, con las directrices trazadas por el Ministerio de la Defensa, en donde se premiaba con igual valor la captura que el “abatimiento en combate” de integrantes de los grupos alzados en armas:

“El día 28 de junio de 2007, mi hijo... se encontraba en la Vereda el Danubio en la Ye que conduce al camino a la Vereda Cabañas, en ese sitio se hallaban las tropas del Ejército Nacional, quienes lo asesinaron ese mismo día. Las tropas del Ejército Nacional se llevaron el cuerpo para el municipio de Granada (Meta), donde lo enterraron como NN, al parecer, sin haber tomado las pruebas del caso y sólo entregaron el cuerpo hasta el 04 de julio de 2007 a las 03:00 PM en el cementerio de Granada (...) Mi hijo fue asesinado por tiros de fusil. Nos dimos cuenta de que fue asesinado porque una conocida de la familia nos llamó y nos informó que el muchacho estaba muerto. Mi hijo no era ningún guerrillero, era un campesino que había prestado su servicio militar, que se ganaba la vida trabajando en el campo, donde lo necesitaban como jornalero allí estaba, por eso se encontraba en la vereda el Danubio, aunque nosotros vivíamos en la Vereda Buena Vista del municipio de Puerto Rico (Meta).” (Base de Datos CSOFB, Caso No. 23).

El lugar de los “sin nombre”

La prensa regional, en un artículo que pasó inadvertido en 2009, informaba que en el municipio de La Macarena habría un cementerio de NN (personas no identificadas). Un cementerio de los sin nombre para esta región, como prueba de la “crudeza de la guerra de las Fuerzas Militares y las Farc en la última década en el sur de Meta. El cementerio del municipio se había convertido (...) en el sitio de disposición final de los muertos de la guerra” (Llano 7 Días, 30 de julio de 2009, pág. 4). Llamaba la atención en la noticia que este cementerio se encontraba colindante con las instalaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA); y además, que el propio alcalde del municipio confirmara que era un cementerio nutrido por los cuerpos que llevaba el Ejército Nacional. De hecho explicaba el burgomaestre que “debió ampliar el cementerio en 6.500 metros cuadrados para poner los N.N. que llegaban a diario de la guerra”.

Las organizaciones de Derechos Humanos y sobre todo la comunidad de la Serranía de la Macarena, cansada de estar en medio de la guerra, solicitaron a las Comisiones de Paz del Congreso de la República la realización de una Audiencia Pública en el municipio de La Macarena (sede de las instalaciones de la Fudra). Esta se llevó a cabo en julio de 2010 y se llamó “Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales”, marcando un hito histórico en la conciencia colectiva de las comunidades campesinas, por el nivel de denuncia contra los atropellos que se vivían. Allí se expuso, de manera reiterada, la estrategia de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública bajo el argumento que eran guerrilleros dados de baja en combate.

Cuatro cementerios más fueron identificados, con características similares, en los municipios de Granada, Vista Hermosa, San José de Guaviare y Villavicencio. LaFiscalía General de la Nación, después de cinco años de trabajo, tuvo que reconocer la información que la población venía denunciando en la región. Los cementerios de los “sin nombre” albergaban los cuerpos de miles de personas, muchas de ellas presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, presentadas como trofeos, dados de baja por la maquinaria de guerra de la FUTCO.

Fuente: Datos obtenidos de la Fiscalía General de la Nación del 09 de febrero de 2018 en respuesta a derecho de petición.

*La FGN indica que de los 130 casos reportados, se hallaron sólo 90 cuerpos en el cementerio.
** Según datos de FGN en su página web, indica que, a 31 de marzo de 2019, aumentó la cifra de cuerpos exhumados a 1.603.
*** Se sabe que la FGN ha ampliado el número de casos entregados desde la fecha de este cuadro hasta mediados de 2019, pero no se conoce la cifra exacta de nuevas entregas.

CONCLUSIONES

La identificación de los patrones de vulneraciones de derechos humanos e infracciones graves cometidas en contra de la población de la zona de estudio, quedan relatadas a lo largo de los informes presentados a las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. La versión institucional del pasado reciente presentó sus acciones de guerra, en el marco del Plan de Consolidación Integral de La Macarena, como todo un éxito que debería ser replicado en otras zonas del país. Pero si la historia se escribiera con la voz de la gente que vivió la guerra y la de tantas personas que perdieron la vida en esos años de violencia, como país seguramente seríamos capaces de dar un paso gigante hacia nuevos tiempos de convivencia en paz.

Casos, contextos y relatos muestran a lo largo de las investigaciones que han conducido a este informe una seria reflexión sobre el actuar de las decisiones estatales con relación a la paz y a la guerra, al actuar de la Fuerza Pública y su presunta responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos. La vida de las víctimas se afectó gravemente, sus dolencias, vivencias y liderazgos se vieron postergados, con el agravante de que la mayoría de sus casos están prácticamente en la impunidad.

Abordar mecanismos, pretensiones y aspiraciones de reparación integral y colectiva - que tanto víctimas como organizaciones plantean como propuestas preliminares, para facilitar un trabajo de construcción dialógico a partir de los informes presentados- es una tarea que el Sistema Integral debe facilitar dentro del marco de su mandato de superación del conflicto armado y la violencia sociopolítica, la segregación y la exclusión, para dar posibilidades reales a acciones y trabajos de contenido reparador.

Por estas razones, la entrega de este informe se hace en forma simultánea a las tres entidades del Sistema Integral, de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, instancias a la que se le solicita continuar estableciendo estrategias de coordinación y articulación para facilitar el acceso de las víctimas al restablecimiento de sus derechos; profundizando en los procesos de descentralización de sus actividades y en la perspectiva de género, en los casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Igualmente, se hacen solicitudes específicas a cada una de las entidades. A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se solicita, entre otras acciones, determinar la pertinencia de la apertura de un caso sobre la situación regional de los Llanos Orientales; ampliar el plazo para la presentación de informes, ya que éste vence en marzo del 2020; profundizar el proceso de descentralización de sus actuaciones, para facilitar el acceso a las víctimas desde las regiones; y establecer posibles medidas adicionales para la protección de los cementerios.

A la Comisión para Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) se hacen solicitudes como promover más espacios de encuentro por la verdad y convivencia en las región, así como analizar y tener en cuenta en su informe final, el impacto de los planes militares y políticas de seguridad nacional sobre la vida de las comunidades del territorio.

Finalmente, a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (UBPD), se solicita la creación de una Mesa Técnica Interinstitucional con participación de las víctimas y organizaciones de DDHH que entregamos este informe, para la coordinación de las acciones necesarias para acelerar los procedimientos de identificación plena y entrega digna de los cuerpos de las personas no identificadas en los 5 cementerios de los Llanos Orientales; iniciar procesos para la protección de otros cementerios de la región en los que también pueden haber cuerpos de víctimas sepultadas como no identificadas; así como crear canales de participación para otros cientos de familias acompañadas por las organizaciones que presentan este informe, quienes desde hace años están buscando a sus seres queridos desaparecidos.